La Iglesia católica australiana pagó 200 millones de euros a las víctimas de pederastia

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/iglesia-catolica-australiana-pago-200-millones-euros-victimas-pederastia-5840808#


JUEVES, 16 DE FEBRERO DEL 2017 – 08:43 CET

La Iglesia católica australiana pagó más de 276 millones de dólares locales (213 millones de dólares estadounidenses o 200 millones de euros) a las víctimas de pederastia en respuesta a las denuncias interpuestas entre 1980 y el 2015, informan este jueves fuentes judiciales.

Estos detalles fueron revelados por Gail Furness, la abogada consejera de la comisión gubernamental que estudia la respuesta institucional a los abusos sexuales a menores en el seno de las organizaciones públicas, sociales y religiosas, en una audiencia en Sídney que este mes se centra en los casos de la Iglesia católica.

Alrededor de 4.500 personas han presentado denuncias por presuntos incidentes de abusos sexuales a menores entre los años de 1980 y 2015, aunque algunos de los crímenes se remontan hasta principios de la década de 1920, según la cadena local ABC.

Furness explicó que los pagos abarcan indemnizaciones, tratamientos y costes legales, entre otros.

La media de los pagos fue de unos 91.000 dólares locales (70.162 dólares estadounidenses o 66.110 euros) por caso y la mayor cantidad de desembolsos fueron por parte de los Hermanos Cristianos.

“Esta orden hizo 763 pagos, que suman unos 48,5 millones de dólares (37,4 millones de dólares estadounidenses o 35,2 millones de euros)”, precisó Furness.

Los Hermanos de La Salle realizaron 227 pagos, por un valor de 34,8 millones de dólares (26,8 millones de dólares estadounidenses o 25,2 millones de euros), según los datos presentados ante la comisión.

La comisión se estableció en el 2012 para investigar la respuesta de las autoridades a los casos de abusos sexuales a menores cometidos en instituciones públicas, sociales, deportivas y religiosas.

PLAN DE COMPENSACIONES

El año pasado el comité presentó 99 recomendaciones a las autoridades sobre cómo atender a las víctimas, además de un plan de compensaciones de 4.000 millones de dólares australianos (3.061 millones de dólares estadounidenses o 2.845 millones de euros) financiado por los centros donde se cometieron los abusos.

El 4 de noviembre pasado, el Gobierno de Australia anunció que indemnizará a cada víctima de abusos sexuales cometidos en el seno de instituciones públicas y religiosas del país con hasta 150.000 dólares locales (114.850 dólares de EEUU o 107.000 euros).

Comisión real de abusos sexuales a menores en Australia: Los abogados revelan el trauma de representar a los sobrevivientes

Fuente: http://www.abc.net.au/news/2017-02-15/lawyers-reveal-trauma-of-representing-child-sex-abuse-survivors/8270008?pfmredir=sm


Para la abogada de abuso institucional de Melbourne Angela Sdrinis, los “flashbacks” comenzaron cuando ella estaba bañando a sus niños pequeños y poniéndolos a la cama.

“Aquellos momentos en que muchos clientes habían sido abusados ​​- yo había estado haciendo esas mismas cosas con mis propios hijos y recibiendo un trauma secundario”, dijo.

INFORME DE LA LEY

“Empecé a sufrir flashbacks de cosas que habían sucedido a mis clientes cuando estaba con mis propios hijos.

“Realmente dejé de hacer el trabajo por algunos años porque realmente no podía lidiar con las historias durante ese tiempo”.

En las últimas semanas, la Comisión Real en las Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil ha escuchado cifras alarmantes sobre el grado de abuso en las iglesias y órdenes religiosas .

Pero es un horror que los sobrevivientes -y sus abogados- han tenido que soportar durante décadas.

La Dra. Vivian Waller ha trabajado exclusivamente como abogada por abuso institucional durante más de 20 años y es consciente del impacto del proceso legal en los supervivientes de abuso y aquellos que los apoyan.

Las salas de reuniones casuales en la planta baja en su práctica de Collingwood en el norte de Melbourne se sienten muy lejos de una oficina formal y aburrida de la CBD.

“Somos muy sensibles al hecho de que si un cliente quiere venir y hablar con nosotros, pueden ser traumatizados por el hecho de que nos parezca que somos alguien en una posición de autoridad, y que puede volver a generar sus sentimientos de la impotencia “, dijo la Dra. Waller.

“Estamos conscientes de cómo creamos la oficina, siempre les digo a los clientes que pueden irse cuando quieran, no tienen que pedir permiso.

“No quiero que se sientan como si estuvieran sentados en la oficina de un director o delante de un sacerdote.”

La Dra. Waller, que ha trabajado en más de 400 casos contra los Hermanos Cristianos solo, acredita a la comisión real por dar a los sobrevivientes una voz.


“Es bastante común que alguien en una posición de poder abuse de un niño, que pongan una carga de silencio y vergüenza en ese niño, que ese niño lleva para el resto de su vida”, dijo.

“Es una cosa muy poderosa hablar y poner esa vergüenza allá donde pertenece, es la Iglesia Católica la que debería sentirse avergonzada”.

Paisaje legal cambiante
Cuando Angela Sdrinis comenzó a actuar por sobrevivientes hace unos 20 años, el paisaje era dramáticamente diferente.

“Durante muchos años, sentíamos como si golpeáramos la cabeza contra una pared de ladrillos”, dijo.

“Ahora hay un enorme cuerpo de evidencia disponible al público que simplemente no se pudo acceder en el pasado”.

La Sra. Sdrinis dijo que la comisión real había envalentonado a toda una nueva generación de sobrevivientes de abuso para que se presentaran.

“Estoy actuando por un número de clientes que han sido víctimas de abusos en los entornos institucionales muy recientemente, no lo vi hace 10 años”, dijo.

“La comisión real ha dado a la gente el permiso para hablar, se dice a los supervivientes -” se creerá “- por lo que están avanzando antes.”

Los tribunales paralelos de la Iglesia Católica: Archivadas las diligencias por los presuntos abusos sexuales del exvicario.

Fuente: http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/201702/15/archivadas-diligencias-presuntos-abusos-20170215141300.html

JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN 15/02/2017 20:40

El Ministerio público inició una investigación de oficio el 11 de enero, después de tener conocimiento de que Mendizabal había sido condenado en un procedimiento eclesial por «tocamientos deshonestos» realizados a dos menores en 2001 y 2005

La Fiscalía Provincial de Gipuzkoa ha decidido archivar las diligencias de investigación que incoó por los presuntos abusos sexuales cometidos por el exvicario general de Gipuzkoa Juan Kruz Mendizabal.

El ministerio público considera que los hechos objeto de la investigación han prescrito. No obstante, en el caso de que en el futuro se pudieran producir nuevas denuncias, volvería a investigar los hechos. El Ministerio público inició una investigación de oficio sobre este asunto el pasado 11 de enero, después de tener conocimiento de que Mendizabal había sido condenado en un procedimiento eclesial por “tocamientos deshonestos” realizados a dos menores en los años 2001 y 2005.

PRIMERAS DENUNCIAS

El Obispado de San Sebastián apartó en abril de 2016 al entonces vicario general, Juan Cruz Mendizabal, ‘Kakux’, tras declararle culpable de “los tocamientos deshonestos realizados a dos menores en 2001 y en 2005”. El sacerdote, muy conocido en Donostia sobre todo por su labor pastoral con los jóvenes, fue juzgado por un tribunal canónico que consideró “probada la veracidad de las acusaciones” vertidas contra él por los dos afectados, que el pasado mes de marzo decidieron dar el paso de acudir al obispo, José Ignacio Munilla, para contarle lo que les había ocurrido.

Tras estos hechos, el Obispado de San Sebastián decidió trasladar al sacerdote fuera del País Vasco. A los pocos días de conocerse las dos primeras denuncias, Munilla confirmó una nueva denuncia de abusos sexuales a un menor en 1994, cometida presuntamente por el exvicario general de Gipuzkoa y que se sumaba a las dos iniciales por las que ‘Kakux’ fue condenado eclesiásticamente y apartado de la Iglesia. La víctima fue un adolescente de 14 años –ahora tendría 36– que sufrió los abusos en el transcurso de un campamento en el que participó Mendizabal. Esta víctima decidió acudir a la justicia ordinaria para denunciar los hechos. A raíz de este tercer asunto, la Iglesia abrió a Mendizabal un nuevo proceso canónico en el que actualmente se encuentra incurso.

Además, una cuarta víctima relató en televisión haber sufrido abusos por parte de ‘Kakux’ durante unos campamentos cuando tenía 14 años. Esta víctima no ha denunciado los hechos de los que fue víctima ante la justicia eclesiástica, porque no cree en la Iglesia, ni ante la jurisdicción ordinaria, ya que los hechos están prescritos, según indicó ETB.

Boletín de noticias: Fessler versus Watchtower – declaraciones de apertura y movimientos en el juicio de abuso infantil de una testigo de Jehová – día 1

News Bulletin: Fessler versus Watchtower – Opening Statements and Motions in Jehovah’s Witness Child Abuse Trial – Day 1

John Redwood – JW Survey

Posted on February 12, 2017
City Hall, Philadelphia, Pennsylvania

On a cold Philadelphia morning the 7th of February, 2017, Stephanie Fessler walked into the Court of Common Pleas of Pennsylvania, First Judicial District, Civil Trial Division. The time was 9.45 a.m. according to the clock which sits atop the historic City Hall courthouse in the center of Philadelphia. But there was another clock running – it was the clock of justice, the timepiece which measures just how long it takes for a person or organization which has damaged another person’s life to be called to account for what they have done, or possibly what they have not done.

It has been 13 years since congregation elders in Spring Grove Pennsylvania first learned of the inappropriate relationship and abuse perpetrated by Terry Monheim, aged 49, and her victim, Stephanie Fessler, who was just 14 years of age when the abuse began. Stephanie was dragged before elders in 2004 and 2005 to answer for her relationship with her abuser, but with grotesque disregard for the law, elders knowingly failed to report the suspected abuse to the police, to Pennsylvania’s Childline, or to any other authority. Instead, they forwarded what they knew to Watchtower’s Legal Department, who wantonly disregarded Pennsylvania State law, and also failed to report.

Instead of protecting the victim from further harm, local elders in Pennsylvania issued a private reproof in 2004, then another public reproof in 2005. The victim, Stephanie was crucified and devastated, having been denied protection from the authorities who are trained to protect minors, and prevent further injury and mental distress. The local elders and the Watchtower organization victimized Stephanie, and more than once. Her participation in the abuse was viewed as a sin, and not a crime. Stephanie was a sinner, they said.

At 9:52 a.m. 25 jurors entered the court of Mary C. Collins, and were instructed regarding the nature of this case, and were read the list of witnesses who would likely testify. By 10:25 a.m. all but 10 jurors were dismissed, and the final jury was complete. Eight jurors with two alternates will decide the fate of the Watchtower Bible and Tract Society of New York, The Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses, the Spring Grove Congregation of JWs – and to a lesser extent, the abuser, Terry Monheim.

Pre-Trial Motions

Just prior to opening arguments, without the jury present, the attorneys for the plaintiff, Stephanie Fessler, and the defense battled out more than a dozen motions before Judge Collins. These motions set the stage for which evidence can be introduced during trial, and that which can’t.

The battle did not take long to become heated when Spring Grove defense attorney, Jud Aaron, argued vocally against the introduction of a new witness, who was an elder in York County, PA. Mr. Arron argued that this was a “bombshell” witness introduced by the plaintiff, whose testimony is irrelevant, and who had not been deposed by the defense. Judge Collins agreed with the defense that his evidence would not be permitted during the initial phase of the trial, but will be allowed during the punitive stage of the trial. The stage was already beginning to be set for Watchtower’s inevitable defeat, even before the jurors heard a single witness testify.

In another motion, the defense attempted to preclude the testimony of detective, Lisa Layden, an expert witness, stating that her testimony is “just an opinion” and should not be permitted. After a concise rebuttal from counsel, Jeffrey Fritz, Judge Collins agreed, and the defense motion was denied. Lisa Layden will testify.

It was no surprise that the defense attempted to argue that the statements made to elders by the plaintiff were privileged, and entering them into testimony would violate clergy privilege laws, which protect confessions made to clergymen. This claim erupted in a furious rebuttal by Stephanie’s attorney Jeffrey Fritz, in which he informed the judge that clergy privilege has no application in this case as there was no expectation of confidentiality when the elders hauled Fessler into an elder’s meeting and questioned her about her relationship with Monheim. When elder, Eric Hoffman, was deposed over 2 years ago, he never once advised counsel that he would like to invoke clergy privilege, and in fact he violated that anyway by spreading every aspect of Stephanie’s testimony to multiple elders as well as the Watchtower’s Legal Department in New York. As the steam settled from Mr. Fritz’s forehead, Judge Collins told counsel that Fritz was “right on point” about this issue, and that clergy privilege could not be invoked. As Watchtower has attempted to claim clergy privilege in the past, this was another defeat for the Jehovah’s Witness organization.

In a somewhat surprising defense strategy, Defense Attorney, Jud Aaron, claimed that the plaintiff’s counsel is putting the religion of Jehovah’s Witnesses on trial by introducing dozens of Watchtower and Awake! articles into evidence. It was a desperate move, but Judge Collins did not fall for it.

The Trial Begins

From the private backrooms of the courthouse the jury entered the room. Three black men, two white women and five black women entered and took their assigned seats. Judge Collins congratulated them for their service to the court, then reminded them that during the trial, she decides on all matters of law, and they must obey her decision. However, she reminded the jury that they are the sole determiners of the facts of this case. Collins explained the definition of “preponderance of evidence,” then gave the jury an illustration of a scale, with the plaintiff and defense on either side of center. She stated that if the scale tips ever so slightly in favor of the plaintiff, then the plaintiff has met her burden of proof, and defense will be found guilty.

Following a lunch break, the court reconvened at 1:45 p.m., at which point Judge Collins read the statute for mandatory reporting of suspected child abuse to the jury of 10. The plaintiff was now given the floor, and attorney, Gregg Zeff, made his opening statement to the jury. Mr. Zeff explained that a member of clergy must report suspected abuse of a minor, and that elders should never keep suspected abuse secret to protect the Jehovah’s Witness organization. Zeff introduced a letter to the body of elders, dated July 1, 1989, which reminds elders that due to lawsuits, strictest confidence must be maintained by elders. The letter advised elders against the “improper use of the tongue”

Zeff explains the timeline in which the elders first learned of the suspected abuse of Fessler in 2004, activity which included hugging and kissing. Elders from both the Spring Grove congregation (Stephanie’s congregation) and those from the Freeland Maryland congregation (Terry Seipp-Monheim’s congregation) were aware of the relationship, but failed to contact the authorities. Instead, they formed their own committee and reproved both the victim and her abuser.

Attorney Zeff then played a video deposition taken a few years ago when this case was filed, in which the plaintiff’s mother, Jodie Fessler, stated that elder Eric Hoffman never once advised her that the authorities must be contacted.

It was not until 2011 that Stephanie Fessler was finally able to contact the police, at which point Monheim was arrested and jailed. Testimony from detective Layden will advise the jury that elders should have immediately obeyed the law and contacted the police and Childline. Instead, Zeff stated that rules were broken to protect the congregation and keep it out of harm’s way.

Evidence will show that Stephanie, at 14 years of age, attended public school, but was otherwise completely insulated from after school activities and association with non-Witness youths. Instead she was left to care for her Jehovah’s Witness mom, who had a history of mental illness. Stephanie looked to Terry Seipp (Monheim) for emotional support, but Seipp soon broke that trust by entering into a sexual relationship with Stephanie. Stephanie had no prior relationships. The plaintiff will examine professional therapist Debbie Bauer, who will discuss the damages to Stephanie, not only for the initial abuse, but for the protracted relationship of over two years which caused Stephanie permanent psychological damage. Co-Defendant Terry Monheim was remorseful, having served her time in jail, but the plaintiff will argue that the defendants, Watchtower, the Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses and the Spring Grove congregation are to be held responsible for their failure to report the suspected sexual abuse of a minor.

Defense Opening

Attorney for the defense of Spring Grove congregation opened with the statement, “In life there are consequences for not telling the truth.” Jud Aaron argued that therapist Lori Barton’s notes will prove that there was NOT a sexual relationship occurring at the time elders in Spring Grove first learned of the affair between Fessler and Terry Seipp (Monheim). As a result, Aaron said “You can’t report what you don’t know.”

Aaron further stated that by 2005, the “relationship” between Fessler and Seipp was over. In a moment of great emotion, the plaintiff Stephanie Fessler sat just a few feet away from Jud Aaron as he then stated “Stephanie Fessler did not tell the truth…As a consequence, no report was made.

As if to hammer this point down to the jury, Mr. Aaron replicated his earlier comment in a final statement: “One thing is crystal clear – Stephanie did not tell the truth, so the elders had nothing to report. The elders could not protect Stephanie Fessler because she did not tell the truth.”

Next up was Mr. John Miller, attorney for the Watchtower Bible and Tract Society. Miller, a Jehovah’s Witness elder himself and a member of the Patterson, New York, JW Legal Department, explained that Jehovah’s Witnesses are a Christian religion, and that the jury will hear that Watchtower “owns some things up there” in New York. After offering his explanation for the various Witness owned corporations, he then echoed the words of his co-counsel, Jud Aaron, and stated that Terry Monheim will not show up in court to defend herself here. He further stated that the Watchtower and CCJW did not have any duty to report what they had heard from congregation elders.

Miller also reiterated that the key to the defense is contained in the notes of therapist Lori Barton. Miller in his best courtroom dramatics stated emphatically, “Records don’t lie.”

Attorney Miller intensified his plea to the jury, closing with the statement: “We (the Watchtower) have nothing to do with this case.” Miller quipped that elders are “just lay persons,” closing his remarks with “Watchtower and CCJW don’t even belong here.”

Attorney for CCJW (Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses), Louis Lombardi, made no opening statements to the jury. He sat silently between Aaron and Miller at the defense counsel table, leaving one to wonder if he will ever make an appearance in the defense of the Jehovah’s Witness organization.

Stay tuned for more as we report on the ongoing defense strategy, and the courtroom antics of Watchtower’s first witness, Thomas Jefferson, Jr.

Manifiesto público: Exmiembros de Testigos de Jehová denuncian abusos sexuales

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2016/12/01/exmiembros-testigos-jehova-denuncian-abusos/1834820.html

Se calcula que en España hay alrededor de 100.000 seguidores de esta confesión religiosa

Ep / Madrid 01.12.2016 | 15:00

Exmiembros de los Testigos de Jehová han escrito una carta abierta dirigida a la Junta Directiva Nacional de los Testigos de Jehová y a la Watch Tower Bible, en Brooklyn (Nueva York), la entidad legal que apoya la obra, en la que denuncian que las congregaciones ocultan abusos sexuales y exigen justicia.

“A las demandas en Estados Unidos seguirá en toda Europa nuestro compromiso y defensa de los derechos de los niños, en todas las instancias y medios de comunicación. Nada nos detendrá en nuestro compromiso personal para lograr, sin odio ni rencor, reparación y justicia para todas las víctimas de abusos de menores dentro del culto de la Watch Tower”, reza la carta.

En concreto, denuncian que cuando un miembro de los Testigos de Jehová es acusado de abusos sexuales, las congregaciones cuentan con tribunales “secretos” con normas internas que juzgan los casos y “silencian a las víctimas”. Según precisan, “miles de niños” han sido víctimas.

Por ello, exigen “reparación y justicia” así como que les pidan perdón públicamente, que les entreguen toda la información sobre sus casos que, según precisan, guardan “en sobres y archivos clandestinos” y que cambien sus “protocolos secretos”.

Según los datos del Observatorio de Pluralismo Religioso, en España hay 100.000 seguidores comprometidos de los Testigos de Jehová y tienen alrededor de un millar de centros de culto. En 2006, la confesión obtuvo la consideración de notorio arraigo.

The Washington Post: Australian Jehovah’s Witnesses protected over a thousand members accused of child abuse, report says

Fuente: https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/11/28/australian-jehovahs-witnesses-protected-over-a-thousand-members-accused-of-child-abuse-report-says/?utm_term=.2e11ba307f80

 November 28, 2016

Over the course of about six decades, more than 1,000 members of the Jehovah’s Witnesses were accused of sexually abusing Australian children, according to a new report. Victims were ordered to keep quiet. Not one of the alleged perpetrators were reported to the police.

Now, a royal commission in Australia has found the church demonstrated a “serious failure” to protect children from the risk of sexual abuse and relied on outdated policies and practices to respond to such allegations.

107-page-long report released Monday detailed a number of ancient policies that exhibited what the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse referred to as a “serious lack of understanding of the nature of child sexual abuse.”

One such practice, derived from scripture, requires church elders investigating incidents to secure a confession from the person accused or the testimony of two “credible” witnesses to the same incident, two witnesses to separate incidents of the same kind, or strong circumstantial evidence testified to by at least two witnesses. The accuser also has to justify his or her allegations to church elders, often in front of the alleged perpetrator.

The commission’s findings were based on a close examination of the allegations — which averaged one a month for 65 years and were recorded in sealed files along with the church’s responses — along with the findings of a 2015 public hearing.

The report found that the Jehovah’s Witness organization’s internal system for responding to complaints of child sexual abuse was not child or survivor focused, “in that it is presided over by males and offers a survivor little or no choice about how their complaint is addressed.”

“The sanctions available within the organization’s internal disciplinary system are weak and leave perpetrators of child sexual abuse at large in the organization and the community,” the report also concluded.

The head of the Jehovah’s Witness community’s service desk, Rodney Spinks, told the Sydney Morning Herald the church is taking the royal commission’s work seriously.

“We want to benefit from the process; everybody does,” Spinks said.

The church’s responses to sexual abuse allegations, and its desire to handle them internally, often mirror those of the Catholic church or of some Orthodox Jewish communities. But unlike the priests of the Catholic Church, the Jehovah’s Witnesses have no paid clergy. Alleged perpetrators are mostly regular congregants, who are shielded from official prosecution by the church’s code of moral conduct. The church’s rules, which are based on a strict interpretation of the Bible, call for separation from other members of society, who are considered spiritually inferior.

Additionally, the Jehovah’s Witnesses’ responses to abuse allegations are not limited to Australia. The religion’s parent organization, the Watchtower Bible and Tract Society of New York, for 25 years has instructed its elders to keep cases of child sexual abuse secret from law enforcement and members of their own congregations, according to an investigation from the Center for Investigative Reporting, which examined thousands of pages of documents in recent cases. In the last few years, the organization has been hit with an increasing number of lawsuits claiming it covered up child sexual abuse, according to the investigation.

The church’s deep suspicion of outsiders is the reason sex abuse among Jehovah’s Witnesses is rarely reported to authorities, according to Angus Stewart, a South African lawyer who led an investigation into the church, The Post reported. 

The royal commission’s report released Monday included two statements from women whose abuse complaints were handled by the Jehovah’s Witness organization in the late 1980s and early 1990s. One of these came from a woman who grew up on a farm in Western Australia and began associating with the organization when she was 10 years old.

During her teenage years, she often spent the night at the home of her friend’s father, Bill Neill, who was an elder in the congregation and led weekly Bible studies at his family’s house. At age 15 she began to be “groomed and sexually abused” by Neill. Despite the abuse, she said that she continued to respect Bill Neill and felt unable to disclose the abuse because of his position of authority in the congregation.

She first disclosed her abuse as an adult, while she was still a Jehovah’s Witness. The elders who investigated her case required her to meet with Neill, and two elders, in her own home to discuss her allegations. Neill denied any intentional misconduct or deliberate touching on his part. Since there was no second witness to her abuse, and her alleged abuser did not confess, the elders concluded that there was not enough evidence to take judicial action against Neill, according to the commission’s report. Following the investigation, Neill stepped down from his position as an elder in the congregation. But he remained at large in the congregation, “where he may have been a risk to other children,” the report stated.

In a later recommendation to the local branch office, elders wrote that Neill could be reinstated as an elder “once this has died down” but expressed concern that there may also be “worldly people who also know” about the allegations. “Worldly” is a term used within the organization to refer to people who are not Jehovah’s Witnesses and are therefore “not in the Truth.”

This recommendation confirmed that the elders were “more concerned about the reputation of the congregation and Jehovah than about the risk that Bill Neill posed to children,” the commission wrote in the report.

At no point did the elders tell the woman that “she could, let alone that she should, report her abuse to the authorities,” the report read. In requiring her to disclose her abuse before a group of men, in her own home, the elders caused her “significant distress” and trauma, the commission concluded. The elders should have taken further steps against Neill to protect other children from the “obvious risk” that he presented.

“The rigidity of reliance upon biblical text in the face of obvious danger to children was wrong,” the report stated.

La Información – Los testigos de Jehová australianos ocultaron los abusos a mil niños.

Fuente: http://www.lainformacion.com/mundo/Crece-escandalo-Testigos-Jehova-Australia_0_976103686.html

POR DIEGO CALDENTEY / LAINFORMACION.COM
LAINFORMACION.COM| 
  • Un informe de la Real Comisión sobre Abuso Sexual de Menores de ese país asegura que no han colaborado con la Justicia ordinaria ni denunciado los hechos, por tratarse de una organización que “se apoya en políticas y prácticas obsoletas y herméticas”.
  • ¿Realmente los Testigos de Jehová no quieren proteger a sus niños de los pederastas? Los casos de abusos sexuales en el seno del grupo son investigados por ancianos, “que deben establecer la verdad de acuerdo a los estándares bíblicos”, según ese órgano.
Un Testigo de Jehová lee una biblia durante una de las reuniones.

Un Testigo de Jehová lee una biblia durante una de las reuniones.

En el verano pasado una noticia conmocionó a la sociedad australiana. La Real Comisión sobre Abuso Sexual de Menores de ese país realizó varias audiencias en agosto sobre la congregación religiosa Testigos de Jehová. Muchos de sus miembros están acusados de ocultar a la Justicia ordinaria un millar de casos de presunto abuso sexual durante 60 años, a pesar de haber mantenido registros de los mismos.

La comisión gubernamental encargada de investigar los abusos a menores, con el consejero superior Angus Stewart al frente, elaboró un pormenorizado informe en el que aseguraba que este grupo -por sus características tan herméticas- buscó mantenerse aislado del resto de la sociedad sin denunciar ni dar a conocer esos hechos, que tuvieron como víctimas a menores del grupo, pero no llegaron a la Policía y/o la Justicia ordinaria.

La sede principal de los Testigos de Jehová en Australia es la de Watchtower. Esta organización religiosa cuenta con casi 70.000 integrantes del grupo en ese país. Los informes de Real Comisión sobre Abuso Sexual de Menores de Australia señala que durante más de medio siglo sus miembros no reportaron hechos de abusos de menores que sí conocían y están documentados internamente. Pero “la organización prefiere (según sus políticas) que los integrantes mayores lidien con los problemas de forma interna, tal como pareció en todos los casos de abuso”, según Stewart.

“Es la práctica de la Iglesia de los Testigos de Jehová mantener información relacionada con delitos de abuso sexual a niños, pero no reportar las presuntas denuncias sobre abuso sexual a la policía o a las autoridades relevantes”, manifestó en su momento el consejero durante una de las audiencias.

Tres meses después de aquellos informes y comparecencias, este lunes el tema ha vuelto a instalarse. Un nuevo documento oficial divulgado por la mencionada comisión gubernamental australiana, que investiga la respuesta institucional a la pederastia, vuelve a apuntar con fuerza contra la organización. Considera que “no responde adecuadamente a las denuncias de abusos sexuales a menores”.

Esta vez la acusación se centra en dos casos en concreto sobre los más de mil que se encuentran en análisis judicial. Concretamente, en el denominado ‘Estudio del Caso 29: La Respuesta de los Testigos de Jehová’, la investigación va mucho más allá: pone bajo la lupa la políticas y procedimientos de esta organización para prevenir, responder y denunciar los abusos sexuales a menores, así como las denuncias, informes o quejas de varios de sus miembros.

“De las evidencias presentadas, la comisión considera que la organización de los Testigos de Jehová se apoya en políticas y prácticas obsoletas para responder a las acusaciones de abusos sexuales que no están sujetas a una revisión constante y continua”, ha indicado la Comisión autraliana en un comunicado.

Dicha comisión tiene registros de 1.006 casos de abusos a menores desde 1950 y, aunque la organización con principal sede mundial en Estados Unidos expulsó a 401 miembros, permitió que 230 volvieran, 35 de ellos varias veces, según Stewart.

Sus principales líderes

Los dos principales líderes de los Testigos de Jehová en Watchtower Australia, Vincent Toole, director legal; y Terrence O’Brian, director general, deberán responder principalmente a dos acusaciones muy serias: la comisión considera que los Testigos de Jehová adolecen de “una falta grave de entendimiento sobre la naturaleza del abuso sexual de un menor”. Por sus actos, considera que no protegen como deberían a las víctimas pasadas y eventuales y futuras contra pederastas.

La investigación, por ahora, ha determinado que los procedimientos para lidiar con las quejas de ciertas víctimas no se han revisado desde la creación de esta comunidad a finales del siglo XIX y se apoyan en normas arcaicas, de hace casi 2.000 años.

Aunque parezca insólito, según las pautas de la organización religiosa, los casos de abusos sexuales en el seno de la misma son investigados por dos ancianos, que deben establecer la verdad de acuerdo a los estándares bíblicos, que incluyen la confesión del supuesto agresor. “Si el acusado no confiesa, hay un requerimiento inflexible de que debe haber dos testigos oculares de un incidente de abuso sexual a un menor” para que la congregación considere probada la agresión sexual, se indica en el documento del órgano oficial australiano.

Hace escasos meses, Max Horley, uno de los ancianos o líderes de dicha organización en Australia, reconoció ante la comisión que los casos no fueron llevados ante la justicia para su investigación. Cuando el juez Peter McClellan le preguntó durante una de las audiencias si los casos de abuso son reportados, Horley dijo que internamente lidian con los problemas “legal y bíblicamente”, dijo Horley, según las transcripciones de las audiencias.

“No lo reportamos a la policía. Creo que los alentamos a que lo hagan. Les damos la asistencia para hacerlo”, manifestó en su momento con absoluta frialdad.

La comisión autora del informe funciona desde 2012 en Australia. Fue creada para investigar cómo responden las instituciones a los abusos sexuales a menores que están bajo el cuidado de organizaciones públicas, sociales o religiosas.

A principios de mes, el Gobierno australiano anunció que indemnizará a las víctimas de estos abusos con hasta 150.000 dólares locales (115.200 dólares o 103.759 euros) como parte de un plan que el Gobierno federal implementará a partir de 2018.