La Iglesia católica australiana pagó 200 millones de euros a las víctimas de pederastia

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/iglesia-catolica-australiana-pago-200-millones-euros-victimas-pederastia-5840808#


JUEVES, 16 DE FEBRERO DEL 2017 – 08:43 CET

La Iglesia católica australiana pagó más de 276 millones de dólares locales (213 millones de dólares estadounidenses o 200 millones de euros) a las víctimas de pederastia en respuesta a las denuncias interpuestas entre 1980 y el 2015, informan este jueves fuentes judiciales.

Estos detalles fueron revelados por Gail Furness, la abogada consejera de la comisión gubernamental que estudia la respuesta institucional a los abusos sexuales a menores en el seno de las organizaciones públicas, sociales y religiosas, en una audiencia en Sídney que este mes se centra en los casos de la Iglesia católica.

Alrededor de 4.500 personas han presentado denuncias por presuntos incidentes de abusos sexuales a menores entre los años de 1980 y 2015, aunque algunos de los crímenes se remontan hasta principios de la década de 1920, según la cadena local ABC.

Furness explicó que los pagos abarcan indemnizaciones, tratamientos y costes legales, entre otros.

La media de los pagos fue de unos 91.000 dólares locales (70.162 dólares estadounidenses o 66.110 euros) por caso y la mayor cantidad de desembolsos fueron por parte de los Hermanos Cristianos.

“Esta orden hizo 763 pagos, que suman unos 48,5 millones de dólares (37,4 millones de dólares estadounidenses o 35,2 millones de euros)”, precisó Furness.

Los Hermanos de La Salle realizaron 227 pagos, por un valor de 34,8 millones de dólares (26,8 millones de dólares estadounidenses o 25,2 millones de euros), según los datos presentados ante la comisión.

La comisión se estableció en el 2012 para investigar la respuesta de las autoridades a los casos de abusos sexuales a menores cometidos en instituciones públicas, sociales, deportivas y religiosas.

PLAN DE COMPENSACIONES

El año pasado el comité presentó 99 recomendaciones a las autoridades sobre cómo atender a las víctimas, además de un plan de compensaciones de 4.000 millones de dólares australianos (3.061 millones de dólares estadounidenses o 2.845 millones de euros) financiado por los centros donde se cometieron los abusos.

El 4 de noviembre pasado, el Gobierno de Australia anunció que indemnizará a cada víctima de abusos sexuales cometidos en el seno de instituciones públicas y religiosas del país con hasta 150.000 dólares locales (114.850 dólares de EEUU o 107.000 euros).

Comisión real de abusos sexuales a menores en Australia: Los abogados revelan el trauma de representar a los sobrevivientes

Fuente: http://www.abc.net.au/news/2017-02-15/lawyers-reveal-trauma-of-representing-child-sex-abuse-survivors/8270008?pfmredir=sm


Para la abogada de abuso institucional de Melbourne Angela Sdrinis, los “flashbacks” comenzaron cuando ella estaba bañando a sus niños pequeños y poniéndolos a la cama.

“Aquellos momentos en que muchos clientes habían sido abusados ​​- yo había estado haciendo esas mismas cosas con mis propios hijos y recibiendo un trauma secundario”, dijo.

INFORME DE LA LEY

“Empecé a sufrir flashbacks de cosas que habían sucedido a mis clientes cuando estaba con mis propios hijos.

“Realmente dejé de hacer el trabajo por algunos años porque realmente no podía lidiar con las historias durante ese tiempo”.

En las últimas semanas, la Comisión Real en las Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil ha escuchado cifras alarmantes sobre el grado de abuso en las iglesias y órdenes religiosas .

Pero es un horror que los sobrevivientes -y sus abogados- han tenido que soportar durante décadas.

La Dra. Vivian Waller ha trabajado exclusivamente como abogada por abuso institucional durante más de 20 años y es consciente del impacto del proceso legal en los supervivientes de abuso y aquellos que los apoyan.

Las salas de reuniones casuales en la planta baja en su práctica de Collingwood en el norte de Melbourne se sienten muy lejos de una oficina formal y aburrida de la CBD.

“Somos muy sensibles al hecho de que si un cliente quiere venir y hablar con nosotros, pueden ser traumatizados por el hecho de que nos parezca que somos alguien en una posición de autoridad, y que puede volver a generar sus sentimientos de la impotencia “, dijo la Dra. Waller.

“Estamos conscientes de cómo creamos la oficina, siempre les digo a los clientes que pueden irse cuando quieran, no tienen que pedir permiso.

“No quiero que se sientan como si estuvieran sentados en la oficina de un director o delante de un sacerdote.”

La Dra. Waller, que ha trabajado en más de 400 casos contra los Hermanos Cristianos solo, acredita a la comisión real por dar a los sobrevivientes una voz.


“Es bastante común que alguien en una posición de poder abuse de un niño, que pongan una carga de silencio y vergüenza en ese niño, que ese niño lleva para el resto de su vida”, dijo.

“Es una cosa muy poderosa hablar y poner esa vergüenza allá donde pertenece, es la Iglesia Católica la que debería sentirse avergonzada”.

Paisaje legal cambiante
Cuando Angela Sdrinis comenzó a actuar por sobrevivientes hace unos 20 años, el paisaje era dramáticamente diferente.

“Durante muchos años, sentíamos como si golpeáramos la cabeza contra una pared de ladrillos”, dijo.

“Ahora hay un enorme cuerpo de evidencia disponible al público que simplemente no se pudo acceder en el pasado”.

La Sra. Sdrinis dijo que la comisión real había envalentonado a toda una nueva generación de sobrevivientes de abuso para que se presentaran.

“Estoy actuando por un número de clientes que han sido víctimas de abusos en los entornos institucionales muy recientemente, no lo vi hace 10 años”, dijo.

“La comisión real ha dado a la gente el permiso para hablar, se dice a los supervivientes -” se creerá “- por lo que están avanzando antes.”

Los tribunales paralelos de la Iglesia Católica: Archivadas las diligencias por los presuntos abusos sexuales del exvicario.

Fuente: http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/201702/15/archivadas-diligencias-presuntos-abusos-20170215141300.html

JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN 15/02/2017 20:40

El Ministerio público inició una investigación de oficio el 11 de enero, después de tener conocimiento de que Mendizabal había sido condenado en un procedimiento eclesial por «tocamientos deshonestos» realizados a dos menores en 2001 y 2005

La Fiscalía Provincial de Gipuzkoa ha decidido archivar las diligencias de investigación que incoó por los presuntos abusos sexuales cometidos por el exvicario general de Gipuzkoa Juan Kruz Mendizabal.

El ministerio público considera que los hechos objeto de la investigación han prescrito. No obstante, en el caso de que en el futuro se pudieran producir nuevas denuncias, volvería a investigar los hechos. El Ministerio público inició una investigación de oficio sobre este asunto el pasado 11 de enero, después de tener conocimiento de que Mendizabal había sido condenado en un procedimiento eclesial por “tocamientos deshonestos” realizados a dos menores en los años 2001 y 2005.

PRIMERAS DENUNCIAS

El Obispado de San Sebastián apartó en abril de 2016 al entonces vicario general, Juan Cruz Mendizabal, ‘Kakux’, tras declararle culpable de “los tocamientos deshonestos realizados a dos menores en 2001 y en 2005”. El sacerdote, muy conocido en Donostia sobre todo por su labor pastoral con los jóvenes, fue juzgado por un tribunal canónico que consideró “probada la veracidad de las acusaciones” vertidas contra él por los dos afectados, que el pasado mes de marzo decidieron dar el paso de acudir al obispo, José Ignacio Munilla, para contarle lo que les había ocurrido.

Tras estos hechos, el Obispado de San Sebastián decidió trasladar al sacerdote fuera del País Vasco. A los pocos días de conocerse las dos primeras denuncias, Munilla confirmó una nueva denuncia de abusos sexuales a un menor en 1994, cometida presuntamente por el exvicario general de Gipuzkoa y que se sumaba a las dos iniciales por las que ‘Kakux’ fue condenado eclesiásticamente y apartado de la Iglesia. La víctima fue un adolescente de 14 años –ahora tendría 36– que sufrió los abusos en el transcurso de un campamento en el que participó Mendizabal. Esta víctima decidió acudir a la justicia ordinaria para denunciar los hechos. A raíz de este tercer asunto, la Iglesia abrió a Mendizabal un nuevo proceso canónico en el que actualmente se encuentra incurso.

Además, una cuarta víctima relató en televisión haber sufrido abusos por parte de ‘Kakux’ durante unos campamentos cuando tenía 14 años. Esta víctima no ha denunciado los hechos de los que fue víctima ante la justicia eclesiástica, porque no cree en la Iglesia, ni ante la jurisdicción ordinaria, ya que los hechos están prescritos, según indicó ETB.

Jehovah’s Witness sexual-abuse-coverup lawsuit settled

Fuente: http://www.pennlive.com/news/2017/02/jehovahs_witness_sexual_abuse.html


PHILADELPHIA – A settlement agreement has been reached, but neither the victim nor the church she said failed to report her sexual abuse to the authorities can talk about it.

On the fifth day of trial Monday in Philadelphia County Court, Stephanie Fessler, of Lancaster, settled the suit she filed against the Jehovah’s Witness Church in Spring Grove.
“The matter with the Jehovah’s Witnesses has been resolved,” her attorney, Jeffrey Fritz, said Monday.
And that was all he could say due to the confidential settlement agreement, which bars all parties from talking about the case or disclosing the amount of the settlement.  
When Fessler was a teenager and a member of the Spring Grove church, she was sexually assaulted repeatedly for two years, starting in 2002 or 2003, by another member of the church, Terry J. Monheim, who was in her late 40s and early 50s during the abuse.
Monheim had pleaded guilty in York County Court in 2012 to charges of indecent assault of a person less than 16 and corruption of minors, court records indicate. She was sentenced on May 22, 2012, to three to 23 months in York County Prison, running concurrently with five years of probation.
But Fessler filed her suit not only against Monheim, but also against the Watchtower Bible and Tract Society of New York, the Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses, and the Spring Grove Congregation of Jehovah’s Witnesses.
According to a lawsuit, Fessler’s family reported her abuse to the church elders, and had the church elders contacted the authorities as they were legally obligated to do, she would have been spared more sexual assaults from the same woman.
“Her main motivation is exposing that the policies of the Watchtower and the Jehovah’s Witnesses are not following mandatory reporting laws in Pennsylvania,” Fritz said last week, the day before trial started. “That’s what led to this happening to her, and continuing to happen to other victims within the religion, as well.”
Fritz, of the Soloff & Zervanos law firm in Philadelphia, successfully represented several victims of former Penn State football coach Jerry Sandusky in claims against Penn State for child sexual abuse.
He wrote in Fessler’s lawsuit that that the church encourages its members to bring their problems to the elders rather than the police, and, “even in cases of child molestation, if there are not at least two eye witnesses to abuse and the accused denies the wrong, then no action is taken by the congregation.”
It wasn’t until 2011 when, as an adult, Fessler went to the Southwestern Regional Police Department and made a report that Monheim was charged.
Did Jehovah’s Witness elders fail to report sexual abuse? Trial starts Tuesday
When she was 14 years old, a member of a York County Jehovah’s Witness congregation was sexually abused by another member and the church elders failed to report the abuse to the authorities, she says in a lawsuit filed against the church.

Boletín de noticias: Fessler versus Watchtower – declaraciones de apertura y movimientos en el juicio de abuso infantil de una testigo de Jehová – día 1

News Bulletin: Fessler versus Watchtower – Opening Statements and Motions in Jehovah’s Witness Child Abuse Trial – Day 1

John Redwood – JW Survey

Posted on February 12, 2017
City Hall, Philadelphia, Pennsylvania

On a cold Philadelphia morning the 7th of February, 2017, Stephanie Fessler walked into the Court of Common Pleas of Pennsylvania, First Judicial District, Civil Trial Division. The time was 9.45 a.m. according to the clock which sits atop the historic City Hall courthouse in the center of Philadelphia. But there was another clock running – it was the clock of justice, the timepiece which measures just how long it takes for a person or organization which has damaged another person’s life to be called to account for what they have done, or possibly what they have not done.

It has been 13 years since congregation elders in Spring Grove Pennsylvania first learned of the inappropriate relationship and abuse perpetrated by Terry Monheim, aged 49, and her victim, Stephanie Fessler, who was just 14 years of age when the abuse began. Stephanie was dragged before elders in 2004 and 2005 to answer for her relationship with her abuser, but with grotesque disregard for the law, elders knowingly failed to report the suspected abuse to the police, to Pennsylvania’s Childline, or to any other authority. Instead, they forwarded what they knew to Watchtower’s Legal Department, who wantonly disregarded Pennsylvania State law, and also failed to report.

Instead of protecting the victim from further harm, local elders in Pennsylvania issued a private reproof in 2004, then another public reproof in 2005. The victim, Stephanie was crucified and devastated, having been denied protection from the authorities who are trained to protect minors, and prevent further injury and mental distress. The local elders and the Watchtower organization victimized Stephanie, and more than once. Her participation in the abuse was viewed as a sin, and not a crime. Stephanie was a sinner, they said.

At 9:52 a.m. 25 jurors entered the court of Mary C. Collins, and were instructed regarding the nature of this case, and were read the list of witnesses who would likely testify. By 10:25 a.m. all but 10 jurors were dismissed, and the final jury was complete. Eight jurors with two alternates will decide the fate of the Watchtower Bible and Tract Society of New York, The Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses, the Spring Grove Congregation of JWs – and to a lesser extent, the abuser, Terry Monheim.

Pre-Trial Motions

Just prior to opening arguments, without the jury present, the attorneys for the plaintiff, Stephanie Fessler, and the defense battled out more than a dozen motions before Judge Collins. These motions set the stage for which evidence can be introduced during trial, and that which can’t.

The battle did not take long to become heated when Spring Grove defense attorney, Jud Aaron, argued vocally against the introduction of a new witness, who was an elder in York County, PA. Mr. Arron argued that this was a “bombshell” witness introduced by the plaintiff, whose testimony is irrelevant, and who had not been deposed by the defense. Judge Collins agreed with the defense that his evidence would not be permitted during the initial phase of the trial, but will be allowed during the punitive stage of the trial. The stage was already beginning to be set for Watchtower’s inevitable defeat, even before the jurors heard a single witness testify.

In another motion, the defense attempted to preclude the testimony of detective, Lisa Layden, an expert witness, stating that her testimony is “just an opinion” and should not be permitted. After a concise rebuttal from counsel, Jeffrey Fritz, Judge Collins agreed, and the defense motion was denied. Lisa Layden will testify.

It was no surprise that the defense attempted to argue that the statements made to elders by the plaintiff were privileged, and entering them into testimony would violate clergy privilege laws, which protect confessions made to clergymen. This claim erupted in a furious rebuttal by Stephanie’s attorney Jeffrey Fritz, in which he informed the judge that clergy privilege has no application in this case as there was no expectation of confidentiality when the elders hauled Fessler into an elder’s meeting and questioned her about her relationship with Monheim. When elder, Eric Hoffman, was deposed over 2 years ago, he never once advised counsel that he would like to invoke clergy privilege, and in fact he violated that anyway by spreading every aspect of Stephanie’s testimony to multiple elders as well as the Watchtower’s Legal Department in New York. As the steam settled from Mr. Fritz’s forehead, Judge Collins told counsel that Fritz was “right on point” about this issue, and that clergy privilege could not be invoked. As Watchtower has attempted to claim clergy privilege in the past, this was another defeat for the Jehovah’s Witness organization.

In a somewhat surprising defense strategy, Defense Attorney, Jud Aaron, claimed that the plaintiff’s counsel is putting the religion of Jehovah’s Witnesses on trial by introducing dozens of Watchtower and Awake! articles into evidence. It was a desperate move, but Judge Collins did not fall for it.

The Trial Begins

From the private backrooms of the courthouse the jury entered the room. Three black men, two white women and five black women entered and took their assigned seats. Judge Collins congratulated them for their service to the court, then reminded them that during the trial, she decides on all matters of law, and they must obey her decision. However, she reminded the jury that they are the sole determiners of the facts of this case. Collins explained the definition of “preponderance of evidence,” then gave the jury an illustration of a scale, with the plaintiff and defense on either side of center. She stated that if the scale tips ever so slightly in favor of the plaintiff, then the plaintiff has met her burden of proof, and defense will be found guilty.

Following a lunch break, the court reconvened at 1:45 p.m., at which point Judge Collins read the statute for mandatory reporting of suspected child abuse to the jury of 10. The plaintiff was now given the floor, and attorney, Gregg Zeff, made his opening statement to the jury. Mr. Zeff explained that a member of clergy must report suspected abuse of a minor, and that elders should never keep suspected abuse secret to protect the Jehovah’s Witness organization. Zeff introduced a letter to the body of elders, dated July 1, 1989, which reminds elders that due to lawsuits, strictest confidence must be maintained by elders. The letter advised elders against the “improper use of the tongue”

Zeff explains the timeline in which the elders first learned of the suspected abuse of Fessler in 2004, activity which included hugging and kissing. Elders from both the Spring Grove congregation (Stephanie’s congregation) and those from the Freeland Maryland congregation (Terry Seipp-Monheim’s congregation) were aware of the relationship, but failed to contact the authorities. Instead, they formed their own committee and reproved both the victim and her abuser.

Attorney Zeff then played a video deposition taken a few years ago when this case was filed, in which the plaintiff’s mother, Jodie Fessler, stated that elder Eric Hoffman never once advised her that the authorities must be contacted.

It was not until 2011 that Stephanie Fessler was finally able to contact the police, at which point Monheim was arrested and jailed. Testimony from detective Layden will advise the jury that elders should have immediately obeyed the law and contacted the police and Childline. Instead, Zeff stated that rules were broken to protect the congregation and keep it out of harm’s way.

Evidence will show that Stephanie, at 14 years of age, attended public school, but was otherwise completely insulated from after school activities and association with non-Witness youths. Instead she was left to care for her Jehovah’s Witness mom, who had a history of mental illness. Stephanie looked to Terry Seipp (Monheim) for emotional support, but Seipp soon broke that trust by entering into a sexual relationship with Stephanie. Stephanie had no prior relationships. The plaintiff will examine professional therapist Debbie Bauer, who will discuss the damages to Stephanie, not only for the initial abuse, but for the protracted relationship of over two years which caused Stephanie permanent psychological damage. Co-Defendant Terry Monheim was remorseful, having served her time in jail, but the plaintiff will argue that the defendants, Watchtower, the Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses and the Spring Grove congregation are to be held responsible for their failure to report the suspected sexual abuse of a minor.

Defense Opening

Attorney for the defense of Spring Grove congregation opened with the statement, “In life there are consequences for not telling the truth.” Jud Aaron argued that therapist Lori Barton’s notes will prove that there was NOT a sexual relationship occurring at the time elders in Spring Grove first learned of the affair between Fessler and Terry Seipp (Monheim). As a result, Aaron said “You can’t report what you don’t know.”

Aaron further stated that by 2005, the “relationship” between Fessler and Seipp was over. In a moment of great emotion, the plaintiff Stephanie Fessler sat just a few feet away from Jud Aaron as he then stated “Stephanie Fessler did not tell the truth…As a consequence, no report was made.

As if to hammer this point down to the jury, Mr. Aaron replicated his earlier comment in a final statement: “One thing is crystal clear – Stephanie did not tell the truth, so the elders had nothing to report. The elders could not protect Stephanie Fessler because she did not tell the truth.”

Next up was Mr. John Miller, attorney for the Watchtower Bible and Tract Society. Miller, a Jehovah’s Witness elder himself and a member of the Patterson, New York, JW Legal Department, explained that Jehovah’s Witnesses are a Christian religion, and that the jury will hear that Watchtower “owns some things up there” in New York. After offering his explanation for the various Witness owned corporations, he then echoed the words of his co-counsel, Jud Aaron, and stated that Terry Monheim will not show up in court to defend herself here. He further stated that the Watchtower and CCJW did not have any duty to report what they had heard from congregation elders.

Miller also reiterated that the key to the defense is contained in the notes of therapist Lori Barton. Miller in his best courtroom dramatics stated emphatically, “Records don’t lie.”

Attorney Miller intensified his plea to the jury, closing with the statement: “We (the Watchtower) have nothing to do with this case.” Miller quipped that elders are “just lay persons,” closing his remarks with “Watchtower and CCJW don’t even belong here.”

Attorney for CCJW (Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses), Louis Lombardi, made no opening statements to the jury. He sat silently between Aaron and Miller at the defense counsel table, leaving one to wonder if he will ever make an appearance in the defense of the Jehovah’s Witness organization.

Stay tuned for more as we report on the ongoing defense strategy, and the courtroom antics of Watchtower’s first witness, Thomas Jefferson, Jr.

Kieran McGrath: “En Irlanda el presidente pidió disculpas por los abusos sexuales de la Iglesia”

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/kieran-mcgrath-irlanda-disculpas-abusos-sexuales-iglesia-5799672

Joan Puig

Kieran McGrath: “En Irlanda el presidente pidió disculpas por los abusos sexuales de la Iglesia”

El experto en delitos sexuales lamenta que los poderes públicos no hayan actuado tras la eclosión del Caso Maristas

Con la comisión ‘The Ryan Report’ emergieron “más de mil casos” de personas que fueron indemnizadas

Kieran McGrath: “En Irlanda el presidente pidió disculpas por los abusos sexuales de la Iglesia”

GUILLEM SÀNCHEZ / BARCELONA
VIERNES, 10 DE FEBRERO DEL 2017 – 18:56 CET

Kieran McGrath ha tratado a cientos de personas que han sufrido abusos sexuales en la infancia. Pero también a cientos de personas que los han perpetrado. Más de 30 años entre víctimas y agresores de violencia sexual infantil. Acaba de participar en la 7ª Jornada de Criminología de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
McGrath comenzó a entrar en contacto con esta realidad en 1988, cuando asumió la subdirección del Children’s University Hospital de Dublín. Desde allí ha vivido la maduración de la sociedad irlandesa ante este grave problema, porque entendió que para combatirlo era necesario hacerlo en dos direcciones: Aceptando el pasado y poniendo los recursos para evitarlo en el futuro. Al conocer el caso Maristas, que acumuló en el 2016 denuncias contra 12 profesores de esta orden religiosa en Barcelona y activó otras demandas contra escuelas de La Salle o de los Jesuitas, y escuchar que ni el Gobierno catalán ni el español han movido ficha para tirar de este hilo hasta el final, dice simplemente que es “una pena”.

EL ESTADO PIDIÓ PERDÓN

En mayo de 1999, el primer ministro irlandés Debie Ahern “pidió disculpas públicamente” a todas las víctimas de abusos sexuales ocurridos en el seno de colegios e internados en poder de la Iglesia católica. Fue la culminación de un proceso que hizo aflorar más de mil casos de abusos silenciados en Irlanda. La Commission to Inquire into Child Abuse, más conocida como ‘The Ryan Report’, investigó a fondo la cuestión y concluyó que el Estado no podía “desentenderse”, aunque los colegios pertenecieran a hermandades religiosas.
La Iglesia, asesorada “por los abogados”, al principio “lo negaba todo”. Ha ocurrido así en otros lugares del mundo. Primero aparece un caso y después surgen “muchos más”. Al final tuvo que admitir lo que había ocurrido. Incluso en acusaciones que recaían sobre religiosos que ya habían “fallecido”. Si aparecían varias denuncias contra estos, no quedaba más remedio que aceptar “su responsabilidad”.

EL GOBIERNO TOMA LA INICIATIVA

En Irlanda se creó “un sistema” para que las víctimas que no quisieran emprender la vía judicial también pudieran reclamar una compensación por lo que les habían hecho de críos acudiendo directamente a esta comisión. Se “evaluaron” individualmente las secuelas que arrastraban y “recibieron una indemnización”. “El impacto para la Iglesia fue muy fuerte”, advierte. Se pagaron “cientos de millones de euros”. Tantos que hubo órdenes de dimensiones reducidas -como la Rosemini- que se quedaron “en la ruina”. Fue necesario que “vendieran parte de su patrimonio” para poder pagarlas. “Por supuesto que era lo más justo”, valora transcurridos casi 20 años más tarde.

EL PERDÓN

El dinero “no era lo más importante” de este proceso, aclara. Las víctimas querían que se reconociera “la verdad”. Querían que les pidieran “perdón” y que les limpiaran “de culpa”. Porque el daño que les hicieron les ha impedido llevar “una vida normal”.
Gracias a aquel proceso, los cambios que se llevaron a cabo fueron “tan grandes” que actualmente los mecanismos de “supervisión” dentro del clero son los mejores. La gente “sigue teniendo miedo de los curas en Irlanda, pero es un error porque ahora, allí, los menores que están bajo su cargo están más seguros que en otros lugares”.

CAMBIAR EL CÓDIGO PENAL

McGrath cree que el Código Penal en España -aquí los delitos sexuales caducan cuando la víctima ha cumplido los 21 años (si son leves) y cuando ha cumplido 30 y pocos (si son graves)- “debería cambiarse”. Porque los niños se callan estos delitos y, a menudo, transcurre mucho tiempo hasta que reúnen el valor “de denunciarlos”. En sentido contrario, subraya, que los poderes públicos no deberían escudarse en la prescripción, puesto que también podrían tomar la iniciativa “como ocurrió en Irlanda”.
The Ryan Report provocó que la Iglesia en Irlanda comprendiera que “tenía la obligación” de pedir perdón y de pagar. Asumió que, como organización cristiana, aunque pudiera ganar los procesos judiciales, “moralmente” no tenía más alternativa que pedir disculpas a todas las víctimas. “Espero que en el futuro esto también ocurra aquí”, desea.


Una epidemia en cualquier sociedad
En el congreso de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) se ha abordado la utilidad de los programas para prevenir los delitos sexuales contra los menores y para tratar a los agresores. Según datos de la La Asociación para la Sanación y Prevención del Abuso Sexual Infantil (ASPASI), una de cada cuatro niñas y uno de cada siete niños sufren abusos durante la infancia. El 40% de los abusos cometidos contra críos menores de 6 años han sido perpetrados por agresores que tenían entre 7 y 21 años. Kieran McGrath es director del Irish Child & Family Institute y es consultor del programa Atura’t del gobierno balear para tratar a los delincuentes más jóvenes.

Proyecto #AbusosTJ, siguiente paso…

img_1886El proyecto #abusosTJ va más allá de un titular a cinco columnas, o una Photo Opportunity, pasa al ámbito judicial y legislativo.

El #proyectoabusosTJ ya ha logrado todos sus objetivos, ha superado todas las expectativas y es un referente en otros países, en la España profunda de Puerto Hurraco la envidia y el ego enfermo hace extraños compañeros de viaje.